Este lunes, a las 8:00 de la mañana, se reanudará la audiencia contra el exmandatario, en el Centro de Servicio Judiciales de Bucaramanga.

La audiencia de imputación de cargos fue suspendida este domingo a las 5:30 de la tarde y se reanudará este lunes a las 8:00 de la mañana en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga.

En el proceso judicial que se lleva a cabo a puerta cerrada, el fiscal 37 de delitos contra la Administración Pública, Andrés Cornelio Martínez, pretende imputarle al exmandatario local, cinco delitos por las inconsistencias contractuales en la Administración de Bohórquez Pedraza con la iglesia cristiana Manantial de Amor, contratos que superaron los $15 mil millones.

El fiscal encargado del caso le imputa a Bohórquez su presunta responsabilidad en los delitos de: celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos; peculado por apropiación; falsedad ideológica en documento privado; y falsedad material en documento público.

Dentro del mismo proceso, la Fiscalía le imputa los mismos cargos a Clemente León, exsecretario de Infraestructura Municipal; Andrea Liliana Parra, Uriel Ávila, Óscar Benavides; Leonardo Luna Escalante, pastor de la iglesia; Diana Isabel Murillo, Gloria Azucena Durán, Carlos Andrés Jaimes y Fernando Díaz Garzón.

La investigación

Luego de conocer las denuncias publicadas por la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal, la Fiscalía inició una investigación judicial sobre el manejo contractual de la Administración de Luis Francisco Bohórquez al frente de la Alcaldía y la iglesia Manantial de Amor.

Según pudo establecer el ente acusador, Leonardo Luna, esposo de la tía del exalcalde Bohórquez, Flor Alba Pedraza, habría financiado la constitución de cinco empresas a mano de feligreses de la iglesia Manantial de Amor.

Una vez posesionado Bohórquez Pedraza como alcalde, las cinco empresas apalancadas financieramente por parte de Luna Escalante fueron contratadas por la Administración Municipal para realizar obras de reparación de parques, reparaciones eléctricas y podas de áreas públicas.

Sin embargo, en la contratación de estas empresas se habrían omitido los principios de selección objetiva del contratista como lo obliga la ley.

“Las empresas contratistas habrían presentado propuestas con sobrecostos que, según las indagaciones de la Fiscalía, podían llegar hasta el 30% por encima del valor del mercado”, explicó en su momento, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.